Tenía 54 años, no podía afrontar su deuda hipotecaria y se ahorcó en su casa del popular barrio de La Chana, en Granada. Allí convergieron al mismo tiempo efectivos de emergencias, policías municipales y los agentes de la policía judicial que iban a supervisar el deshaucio. Maldita casualidad en tiempos en los que la policía parece ser la protagonista de casi todo. La historia de José Miguel Domingo no es una excepción, es el rostro tétrico de una crisis que se ha llevado por delante otras vidas en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia… Los bancos también matan, aunque son muy educados: tras el suicidio la entidad promotora del deshaucio comunicó que "lamentaba profundamente" ese final y que había intentado "soluciones viables".
Analicemos el caso. Este señor iba a ser desahuciado por una entidad financiera que seguro ha sido reflotada con su dinero, con esos “fondos de salvamento” a los que hemos contribuido cada español con 1.800 euros per capita. El difunto también había ayudado con sus impuestos a costear a los políticos que han colocado sus peones en los lucrativos consejos de administración de esas cajas de ahorro que ahora estamos rescatando por su pésima gestión, esos políticos que han refrendado la ley de desahucios más represiva de Europa, esos políticos que también andan por Europa con generosísimas dietas y no son capaces de plantar cara al ascetismo intransigente que está llevando a Irlanda y los países del sur (los PIGS) a la ruina… Esos políticos le subieron el IVA al difunto, le privaron de prestaciones de Seguridad Social, Educación o transportes. Ante semejante justicia y cordura de nuestros gobernantes solo queda declararse demente o quitarse de en medio, como el protagonista de nuestra historia.
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